Recientemente, el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) lanzó un jarro de agua fría sobre nuestro sistema laboral. Según este organismo, el sistema español de indemnización por despido improcedente, tal y como está planteado en los artículos 56 del Estatuto de los Trabajadores y 110 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS), no cumple con las exigencias de la Carta Social Europea. Este dictamen ha generado un debate intenso y necesario sobre si las reglas actuales realmente protegen a los trabajadores o, por el contrario, facilitan los despidos a bajo coste.
Un sistema de indemnizaciones que no convence a Europa
Para entender el alcance de esta resolución, tenemos que remontarnos a la denuncia presentada por UGT en 2022, donde el sindicato reclamaba que las indemnizaciones por despido en España no cumplen con los estándares europeos. Y es que, según el CEDS, el sistema actual no disuade a los empresarios de despedir de manera improcedente ni compensa adecuadamente a los trabajadores afectados.
Para ponerlo en perspectiva: imagina que llevas años trabajando en una empresa, dedicando tiempo, esfuerzo y energía, y de un día para otro te despiden sin una causa justificada. Con el sistema actual, recibirías una indemnización que, según el CEDS, podría no ser suficiente para reparar el daño que te han causado ni para hacer pensar dos veces al empleador antes de tomar esa decisión. En pocas palabras, se trata de un sistema que, en lugar de proteger, deja al trabajador en una posición de clara desventaja.
Las reformas laborales y la precariedad en el empleo
El origen del problema, como señala UGT, está en las sucesivas reformas laborales que, en su afán de flexibilizar el mercado de trabajo, han terminado precarizando las condiciones laborales. La reforma laboral de 2012, en particular, redujo las indemnizaciones por despido improcedente de 45 a 33 días por año trabajado y eliminó los salarios de tramitación. Esto significa que, desde entonces, es más barato y fácil despedir a alguien en España. Y ahora, con el respaldo del CEDS, se abre la puerta a una posible revisión de estas normas.
¿Es obligatorio acatar la decisión del CEDS?
Aquí surge una pregunta interesante: ¿debe España acatar automáticamente lo que dice el CEDS? La respuesta no es tan sencilla. Aunque las resoluciones del CEDS no son vinculantes como las de un tribunal, sí tienen un peso moral y político considerable. Los tribunales nacionales pueden tenerlas en cuenta, y el Gobierno podría sentirse presionado a actuar para evitar quedar en una situación de incumplimiento con los estándares europeos.
Lo que está claro es que este dictamen ha puesto sobre la mesa la necesidad de repensar nuestro sistema de indemnizaciones. No se trata solo de cumplir con Europa, sino de ser justos con los trabajadores que, en última instancia, son quienes sostienen el tejido económico y social del país.
¿Qué cambios podríamos esperar?
Aún es pronto para saber exactamente qué cambios podrían implementarse, pero se habla de la posibilidad de revertir algunos aspectos de la reforma de 2012. Por ejemplo, podríamos ver un retorno a la indemnización de 45 días por año trabajado y la reintroducción de los salarios de tramitación en casos de despido improcedente. Además, se está considerando la opción de ofrecer compensaciones adicionales por daños morales y patrimoniales en situaciones donde el despido cause un perjuicio evidente al trabajador.
Lo que está claro es que cualquier cambio debe buscar un equilibrio. Por un lado, es crucial proteger a los trabajadores frente a despidos injustificados; por otro, las empresas necesitan flexibilidad para adaptarse a las circunstancias del mercado. Sin embargo, este equilibrio no puede lograrse a costa de la dignidad y los derechos de las personas.
Una oportunidad para reflexionar y actuar
Esta resolución del CEDS debería servirnos para reflexionar sobre cómo queremos que sea nuestro mercado laboral. ¿Queremos un sistema que favorezca la precariedad y el despido fácil, o uno que proteja de verdad a los trabajadores y fomente relaciones laborales más justas y equilibradas?
Es un buen momento para abrir un debate profundo y sincero sobre la dirección que queremos tomar. No solo porque Europa nos esté mirando, sino porque nuestros trabajadores se lo merecen. Al final del día, son ellos los que sostienen la economía y la sociedad, y merecen un marco legal que los proteja adecuadamente.
La pelota está en nuestro tejado. ¿Estamos listos para el cambio?
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