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La Agencia Tributaria aumentará la vigilancia sobre los contribuyentes que disminuyen de forma artificial su carga tributaria al presentar la declaración del Impuesto sobre la Renta de No Residentes en España

Feb 27, 2023 | Fiscal

La Agencia Tributaria tiene previsto intensificar el seguimiento de los ciudadanos que residen en España y que presentan su declaración de rentas mediante el Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR) con el objetivo de evitar que reduzcan artificialmente su factura fiscal. Esto se debe a que, aparte de tener tipos impositivos más bajos que el IRPF, de esta forma solo tributan en nuestro país por los ingresos generados aquí, en vez de tener que declarar todos sus ingresos a nivel global.

La intención de reforzar el control de este tipo de fraude, conocido como «falsos no residentes», se encuentra entre las directrices generales del Plan de Control Tributario 2023, que se han publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado. También se hace hincapié en la necesidad de mantener la vigilancia sobre aquellos que simulan su residencia en comunidades autónomas diferentes a la real, así como en la explotación de información disponible sobre los titulares reales de sociedades opacas con propiedades residenciales de alta gama. Además, se llevarán a cabo planes específicos en relación con la propiedad indirecta de propiedades por parte de no residentes, para garantizar que se impongan correctamente los impuestos patrimoniales correspondientes.

Fomento del cumplimiento voluntario

Además de las habituales prioridades de control tributario, las directrices del Plan de Control de la Agencia Tributaria para el nuevo año destacan la implementación de un nuevo modelo de información y asistencia, en el que la mayoría de los servicios estarán disponibles en todos los canales, permitiendo al ciudadano elegir cómo desea ser atendido, según el servicio y los recursos disponibles.

Para lograr esto, se establecerá una carta de servicios completa con los canales de asistencia disponibles para cada uno. Además, se mejorará la aplicación de cita previa en la sede electrónica, utilizando un lenguaje más claro y mejorando la usabilidad. Asimismo, se trabajará en la mejora de la atención presencial a las personas mayores o aquellas que puedan verse afectadas por la brecha digital.

En cuanto a la prevención del fraude, se continuará reduciendo el número de personas que no declaran el IRPF mediante campañas de avisos durante el periodo de declaración y se realizará un control temprano de los nuevos contribuyentes en el censo tributario, especialmente aquellos que estén controlados por personas con conductas tributarias reprochables en el pasado. Se revisarán también los procedimientos sancionadores, especialmente en casos de presentación tardía de autoliquidaciones sin ingresos, que no generen un perjuicio económico para la Administración tributaria.

Para el año 2023, también está previsto que se realice una actualización de los procesos sancionadores, enfocándose particularmente en los casos donde se presente una declaración de impuestos sin pagar dentro del plazo establecido, pero sin causar daño económico alguno a la autoridad tributaria.

Pagos electrónicos y economía digital

Las Directrices de 2023 establecen una serie de prioridades en cuanto a la fiscalización de impuestos, entre las cuales se destaca el fortalecimiento de medidas de control sobre aquellos que realizan transacciones utilizando «pagos virtuales», en particular, los métodos de pago electrónicos provenientes de entidades extranjeras que no cumplen con las obligaciones de suministro de información financiera nacionales.

En esta misma línea, se buscará obtener información sobre los pagos digitales efectuados mediante entidades o aplicaciones que tengan su sede social y servidores ubicados en el extranjero, todo ello en consonancia con la normativa de la Unión Europea.

Las directrices también hacen hincapié en la investigación del uso de criptomonedas, no solo en cuanto a la necesidad de verificar que estén siendo correctamente tributadas, sino también en la intención de fortalecer las medidas de localización de activos digitales que puedan ser embargados por el Área de Recaudación, en caso de ser vinculados a actividades criminales.

Asimismo, el Servicio de Vigilancia Aduanera llevará a cabo un plan de investigación relacionado con el uso de criptomonedas en el ámbito de la economía digital, con el objetivo de detectar posibles elementos patrimoniales de origen delictivo.

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Fiscalidad internacional

Gracias a la labor conjunta de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, las delegaciones territoriales y la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional en el diseño de una estrategia 360 en precios de transferencia, se ha logrado aumentar la supervisión de los riesgos fiscales derivados de la fijación incorrecta de los precios de operaciones vinculadas en empresas multinacionales.

Este control se verá reforzado por el aumento de las inspecciones conjuntas con otras administraciones tributarias y la firma de acuerdos previos de valoración para garantizar el cumplimiento a largo plazo. Además, se seguirá poniendo el foco en la identificación de estructuras y patrones de comportamiento que aprovechen indebidamente la baja fiscalidad de ciertos territorios o regímenes fiscales y que puedan ser replicados por otros contribuyentes.

Lucha contra la economía sumergida

Durante el transcurso del año 2023, la Agencia Tributaria fortalecerá la supervisión de áreas y modelos de negocio que presenten un alto riesgo de economía sumergida. Por lo tanto, se aumentará la realización de inspecciones o auditorías fiscales convencionales en relación a diversos sectores, pero se dará un énfasis especial a las actividades vinculadas con la construcción, restauración y mejora de bienes inmuebles.

En virtud de la reciente legislación que prohíbe el uso de programas informáticos encubridores de ventas, también se implementarán planes específicos enfocados en la identificación de las herramientas de software de gestión y contabilidad utilizadas por comercios y empresas, además de la comprobación de la compatibilidad de los programas informáticos con la normativa vigente.

Aprovechamiento indebido de créditos fiscales

Junto con otras medidas de atención prioritaria que se han incluido en las Directrices de años anteriores, la Agencia Tributaria centrará su atención en varios aspectos, como evitar el uso inadecuado de la personalidad jurídica para ocultar ingresos o gastos de individuos, así como verificar las empresas instrumentales que emiten facturas fraudulentas para ser utilizadas por empresas operativas.

La Agencia también llevará a cabo una inspección exhaustiva de las bases imponibles negativas, créditos fiscales pendientes de compensación o aplicación y examinará detenidamente las Agrupaciones de Interés Económico para detectar posibles casos de transferencia y comercialización de beneficios fiscales a terceros inversores.

Esta revisión y verificación se extenderá a los partícipes o socios de las empresas interpuestas y prestará especial atención a la venta en serie de estas estructuras de aprovechamiento de beneficios fiscales cuando no cumplan con la ley, sean claramente abusivas o se basen en hechos simulados o artificialmente inflados.

En cualquier caso, la Agencia garantizará que las deducciones previstas en el Impuesto sobre Sociedades estén vinculadas al desarrollo real de actividades dirigidas a los fines establecidos en la normativa y que los importes utilizados como base para la deducción correspondan a los gastos efectivamente incurridos en su ejecución, evitando cualquier abuso en la transferencia potencial de beneficios fiscales a los financiadores de las actividades que se pretenden fomentar.

Nuevas figuras

Las pautas indican que este año la Agencia Tributaria se encargará de implementar dos nuevos impuestos temporales, uno en el sector energético y otro en entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito, así como un impuesto temporal de solidaridad para los grandes patrimonios. La Agencia tendrá la responsabilidad de llevar a cabo la recaudación, gestión, comprobación y recaudo de estos dos impuestos temporales, a pesar de ser una obligación financiera de carácter público no tributario. Además, la Agencia ejercerá sus propias competencias en relación al impuesto temporal de grandes fortunas.

Investigaciones conjuntas y Fiscalía Europea

Se promoverán todas las oportunidades que brinda el establecimiento de la Fiscalía Europea, un órgano penal supranacional que representa un verdadero progreso en la realización de investigaciones conjuntas con otros países de la Unión Europea. Esto se aplicará tanto en el ámbito de las tramas de IVA de la Oficina Nacional de Investigación y Fraude (ONIF), como en las investigaciones de los fraudes más graves en materia aduanera.

Represión del contrabando y el narcotráfico

Durante el año 2023, el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria llevará a cabo acciones para combatir la delincuencia organizada, con el objetivo de neutralizar las actividades relacionadas con el contrabando, el narcotráfico y el blanqueo de capitales. Estas acciones serán integrales y estarán dirigidas a desmantelar las estructuras logísticas, financieras y patrimoniales de las redes criminales.

En cuanto a la lucha contra el contrabando y el narcotráfico, se trabajará en la implementación de nuevas tecnologías para monitorear y detectar comportamientos sospechosos en las embarcaciones que realizan tráficos ilícitos por vía marítima. Asimismo, se seguirá trabajando en la cadena de suministro de las «narcolanchas» y se espera avanzar en la prevención del comercio irregular de tabaco mediante el desarrollo de normas de control y sanciones para el tabaco crudo.

En lo que respecta a la protección contra el comercio desleal o ilícito, se explorarán nuevas herramientas avanzadas de análisis de datos para detectar el contrabando en paquetes postales.

Control del fraude en fase recaudatoria

Las Directrices de 2023 hacen hincapié en la necesidad de reforzar la cooperación internacional para la recuperación de créditos fiscales, mediante el intercambio de información con otras administraciones y la identificación de deudores ricos en el extranjero. Además, se amplía el análisis de riesgos a nuevas formas de activos patrimoniales.

Al mismo tiempo, se mantienen las prioridades habituales en el ámbito de Recaudación, como la adopción de medidas preventivas para evitar la reducción del patrimonio, la asignación de responsabilidades para garantizar el cobro efectivo de las deudas, y la supervisión de los deudores condenados por delitos. También se intensificará el uso de herramientas avanzadas de análisis de datos para detectar patrones de fraude complejos, especialmente en el caso de los grandes deudores, y enfocar las acciones hacia ellos de manera eficiente.

Fuente: Agencia Tributaria

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