El Consejo de Ministros, ante el apagón eléctrico del pasado 28 de abril de 2025 que paralizó buena parte de los sistemas informáticos de las administraciones públicas, ha acordado una nueva medida extraordinaria. Se ha aprobado la ampliación de los términos y plazos administrativos afectados por esta incidencia, permitiendo que se prolonguen hasta las 00:00 horas del 6 de mayo de 2025.
Una decisión conveniente y de interés desde el punto de vista jurídico y organizativo,
¿Por qué era necesaria esta ampliación?
Como asesores fiscales y laborales, sabemos bien que el calendario administrativo es implacable. Una incidencia técnica de este calibre, que afectó a la totalidad del territorio peninsular, podía tener consecuencias muy serias para ciudadanos, pymes y grandes empresas. La medida busca precisamente evitar injusticias procesales como la caducidad de un recurso por causas ajenas al administrado o la imposibilidad de presentar alegaciones en tiempo y forma.
También hay que tener en cuenta el impacto sobre procesos clave como oposiciones, licitaciones públicas o convocatorias de subvenciones, donde un solo día puede marcar la diferencia entre la participación o la exclusión.
Aplicación generalizada en todo el sector público
El acuerdo tiene carácter amplio: afecta tanto a la Administración General del Estado como a las comunidades autónomas, entidades locales y al conjunto del sector público institucional. Esta uniformidad evita desigualdades territoriales y garantiza que todos los procedimientos administrativos, con independencia de la administración competente, se rijan por los mismos criterios.
Fundamento legal: artículo 32 de la Ley 39/2015
La base jurídica de esta decisión se encuentra en el artículo 32 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común. Este artículo contempla precisamente los supuestos en los que una incidencia técnica imposibilita el funcionamiento ordinario del sistema, permitiendo la ampliación de plazos no vencidos.
La medida no altera los plazos ya vencidos, pero sí concede un respiro a quienes tenían trámites en curso y no pudieron completarlos por la caída de los sistemas. En definitiva, se trata de una solución equilibrada que protege los derechos de los ciudadanos sin generar inseguridad jurídica.
Una lección sobre la digitalización de la Administración
Este apagón nos recuerda también la fragilidad de los sistemas electrónicos de la Administración. La digitalización es, sin duda, un avance que aplaudimos y del que nos beneficiamos a diario, pero exige robustez, planificación y contingencias para no dejar al ciudadano desamparado en situaciones excepcionales.
Desde el punto de vista de la asesoría profesional, es imprescindible informar a nuestros clientes de inmediato para que no pierdan oportunidades, como presentar una solicitud de ayuda o interponer un recurso.
Conclusión: más que una prórroga, una garantía de derechos
La ampliación de plazos no es solo una decisión técnica; es, sobre todo, una muestra de responsabilidad administrativa y de sensibilidad hacia los problemas reales que enfrentamos ciudadanos y profesionales cuando los sistemas fallan. Aplaudimos esta respuesta institucional que, aunque excepcional, se convierte en una garantía necesaria de derechos en momentos de vulnerabilidad.
Estaremos atentos a cualquier otro desarrollo normativo relacionado con esta crisis energética y a las posibles consecuencias que aún puedan derivarse.
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