El Gobierno español, a través del Consejo de Ministros, ha aprobado un Real Decreto que establece una normativa para los sistemas informáticos de facturación. Esta medida busca combatir el fraude fiscal y el uso de ‘software de doble uso’, que permite la supresión de ventas en los registros. El reglamento, que entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), establece requisitos detallados para la integridad y seguridad de los registros de facturación. Los empresarios y profesionales tendrán hasta el 1 de julio de 2025 para adaptar sus sistemas a esta normativa.
El recién aprobado Real Decreto es un paso significativo del Gobierno español en su lucha contra el incumplimiento tributario y la economía sumergida. Esta regulación, que desarrolla lo contemplado en la Ley 11/2021 de medidas contra el fraude fiscal, se centra en los requisitos para los sistemas y programas informáticos utilizados en los procesos de facturación.
El objetivo principal es prevenir el uso del ‘software de doble uso’, un tipo de programa que facilita la alteración de las facturas una vez emitidas. Los sistemas de facturación deberán garantizar la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros de facturación. Esto incluye detalles como el número de identificación fiscal, la fecha de expedición, el tipo y el importe total de la factura, así como la indicación de los regímenes tributarios aplicables.
Además, se implementan medidas de seguridad como el ‘hash’ encadenado y la firma electrónica, que aseguran la inmutabilidad de los registros una vez creados. Los empresarios también tendrán la opción de enviar voluntariamente sus registros de facturación a la Agencia Tributaria en el momento de la facturación, facilitando el cumplimiento tributario.
Los fabricantes y comercializadores de software de facturación deben adaptar sus productos a estos nuevos requisitos y certificar su cumplimiento a través de una declaración responsable. Están previstos periodos de gracia para que tanto los empresarios como los desarrolladores de software se adapten a las nuevas normas: los empresarios tienen hasta el 1 de julio de 2025 para ajustar sus sistemas, mientras que los fabricantes de software deben tener sus sistemas actualizados en el mercado dentro de los 9 meses siguientes a la aprobación de una Orden Ministerial que especifique los detalles técnicos.
Esta regulación no solo apunta a fortalecer la lucha contra el fraude fiscal, sino que también busca modernizar la infraestructura digital de pymes, microempresas y autónomos, mejorando así el cumplimiento tributario y la eficiencia administrativa en general.
Conclusión
La aprobación de este Real Decreto representa un avance significativo en la regulación de los sistemas informáticos de facturación en España. Al garantizar registros de facturación seguros y fiables, el Gobierno busca reducir significativamente las prácticas fraudulentas y avanzar hacia una mayor transparencia y eficiencia en el cumplimiento tributario.
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