La lucha contra el fraude fiscal da un paso más con la operación ‘Amperio’, puesta en marcha por la Agencia Tributaria el pasado 16 de julio. Se trata de un nuevo operativo de gran envergadura enfocado en un fenómeno tan sofisticado como dañino: el uso de software de doble uso, diseñado para manipular registros contables y ocultar ventas reales. En esta ocasión, el foco está puesto en el sector de las instalaciones y montajes eléctricos.
Un despliegue nacional sin precedentes
La operación ha implicado la actuación de más de 330 funcionarios de la Agencia, entre personal de Inspección y técnicos de las Unidades de Auditoría Informática (UAI), además de 30 efectivos del Servicio de Vigilancia Aduanera. En total, se han realizado 75 personaciones en locales de 67 sociedades y 14 personas físicas vinculadas (socios, administradores y familiares directos) en 15 comunidades autónomas.
Los locales inspeccionados se distribuyen por Andalucía (10), Aragón (2), Asturias (2), Baleares (1), Canarias (6), Cantabria (1), Castilla-La Mancha (1), Castilla y León (2), Cataluña (17), Extremadura (4), Galicia (12), Madrid (5), Murcia (2), La Rioja (1) y Comunidad Valenciana (9).
El software de doble uso: una amenaza persistente
La operación ‘Amperio’ surge a partir de denuncias tributarias previas que alertaron sobre la existencia de programas informáticos diseñados para eludir la tributación de ingresos, mediante la ocultación de ventas. La Agencia Tributaria ha confirmado que algunas de estas empresas usaban herramientas que permitían registrar una contabilidad “oficial” y mantener otra paralela, no declarada, con la finalidad de reducir artificialmente sus obligaciones fiscales.
Este tipo de fraudes no solo daña directamente a la Hacienda Pública, sino que además genera una competencia desleal frente a las empresas que sí cumplen con sus obligaciones tributarias. La AEAT ya había constatado la presencia de este tipo de software en anteriores macrooperaciones como ‘Columba’ (2022) o ‘Empaque’ (2025).
Inspecciones con tecnología y especialización
Las inspecciones realizadas han permitido acceder a documentación clave, tanto física como digital, incluyendo registros contables auxiliares alojados en los propios sistemas informáticos de las empresas. En algunos casos anteriores, como señala la propia Agencia, se había detectado incluso la instalación de sistemas de corte eléctrico automático al intentar acceder a la contabilidad en ‘B’, un nivel de sofisticación que justifica plenamente la implicación de equipos especializados en auditoría informática.
El contexto normativo: Ley Antifraude y Reglamento ‘Verifactu’
Desde la entrada en vigor de la Ley 11/2021, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, se ha reforzado el marco legal contra la creación y uso de este tipo de software. En línea con esta legislación, el Reglamento Verifactu (Real Decreto 1007/2023) establece que todos los sistemas de facturación deben impedir la manipulación de registros una vez generados, obligando a la estandarización y verificación de los datos.
Esta regulación entrará plenamente en vigor el 1 de enero de 2026 para empresas y el 1 de julio del mismo año para personas físicas, y prevé sanciones económicas importantes:
- 150.000 euros por año de infracción para fabricantes y comercializadores de software ilegal
- 50.000 euros para los usuarios que empleen dichos programas
Un mensaje claro al sector
Con la operación ‘Amperio’, ya son 26 las macrooperaciones sectoriales desarrolladas por la AEAT en la última década. Más allá de su impacto directo en la detección del fraude, estas actuaciones tienen un claro componente disuasorio. Su objetivo es evidenciar que la sofisticación tecnológica del fraude no es suficiente para eludir el control tributario.
El sector de instalaciones eléctricas, protagonista en este caso, ha mantenido un crecimiento constante desde 2022, y se caracteriza por un tejido empresarial compuesto mayoritariamente por pymes especializadas, con ámbitos de actuación local o regional. En este contexto, las prácticas de ocultación de ventas —de confirmarse tras las inspecciones— suponen una distorsión profunda de la competencia y un agravio para quienes operan legalmente.
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